Novedades de 2021: la edad de jubilación se retrasa a 66 años y las pensiones suben un 0,9%

El sueldo de los funcionarios aumentará también un 0,9% en un año en el que el Gobierno quiere penalizar más el retiro anticipado.

Pensionistas y empleados públicos verán reflejada en sus nóminas un alza del 0,9%, medidas que concentrarán un buen pellizco del gasto público, de unos 3.000 millones de euros más entre todas las administraciones en un año marcado, de nuevo, por la pandemia. Con la inflación en terreno negativo, los dos colectivos, que suman casi doce millones, ganarán poder adquisitivo (en 2020 los sueldos públicos aumentaron un 2% y las pensiones un 0,9%).

El alza de las pensiones, que es del 1,8% para las no contributivas, irá de entre dos a once euros y dejará la mínima de jubilación en 689,7 euros mensuales y la máxima en 2.707,49 euros. A lo largo del 2021 se abonarán 163.297 millones en pensiones, 36 de cada 100 euros gastados en las cuentas del Estado.

Además de estos incrementos salariales, el ejercicio traerá nuevas normas de jubilación en cumplimiento de la ley de pensiones y otra reforma impuesta por Bruselas para equilibrar el sistema público como condición para recibir los fondos europeos. Así, está previsto un nuevo endurecimiento en los requisitos para acceder a la jubilación en cumplimiento de la ley de pensiones, que está obligando a trabajar más años y cobrar menos como fórmulas para sostener el sistema, que cada año sigue engordando los números rojos. El Fondo de Reserva, agotado prácticamente por el Gobierno, ya no sirve de colchón.

La norma retrasa progresivamente la edad de retiro hasta los 67 años en 2027. Quienes quieran jubilarse a lo largo del año que entra con el 100% de la pensión que les pudiera corresponder deberán tener ya cumplidos los 66 años. Desde 2019 la edad de jubilación comenzó a incrementarse dos meses para llegar a los citados 67 años en 2027 (ver gráfico adjunto).

El retraso, aprobado con carácter general, tiene sus excepciones. Los trabajadores que acumulan una larga vida laboral podrán retirarse con su pensión íntegra a los 65 años siempre y cuando tengan cotizados 37 años y tres meses o más. Por cada ejercicio se aumenta ese periodo en tres meses hasta llegar a 2027, cuando quien desee retirarse a los 65 deberá contar con una cotización de, al menos, 38 años y seis meses.

En 2021 también cambiarán los años que se tienen en cuenta para calcular la pensión, que este ejercicio quedará fijado en 24 años. Desde 2013 se abrió un periodo transitorio hasta el 1 de enero de 2022 en el que el periodo de cotización exigido para calcular la prestación pasará de forma progresiva desde los 15 años a los 25 años. A cada ejercicio, a contar desde 2013, se le va sumando un año hasta completar los citados 25 años en 2022. Entre los planes del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, está aumentar estos años hasta 35, lo que supondrá un recorte de las pensiones iniciales superior al 5%, dado que, por regla general, se tienen carreras laborales ascendentes con salarios más bajos al inicio y crecientes a medida que pasan los años.

Coeficientes reductores

Con el nuevo año también llegan modificaciones en la jubilación anticipada. La norma retrasa hasta 64 años la edad para acceder al retiro anticipado voluntario, que en paralelo a la legal por realizarse dos años antes también hasta 2027, cuando quedará establecida en el mínimo de 65 años. Además, para acceder a esta modalidad son necesarios al menos 35 años de cotización, y por cada trimestre de adelanto respecto a la edad oficial de jubilación la pensión sufrirá una penalización progresiva que irá desde el 2% de la base reguladora por trimestre, si se han cotizado menos de 38,5 años, hasta el 1,625% si se superan los 44,5 años cotizados.

En el caso de jubilación forzosa podrá realizarse hasta cuatro ejercicios antes de la edad legal de retiro, con lo que la sitúa en 62 años en 2021. Serán necesarios 33 años de cotización como mínimo y la penalización irá desde el 1,875% por trimestre adelantado para menos de 38,5 años cotizados, hasta el 1,5% para más de 44,5 años cotizados.

Hasta aquí las normas que ya han entrado en vigor ¿Y las que llegarán? Tras cuatro años de negociaciones intermitentes el Pacto de Toledo sellaba un acuerdo con 22 recomendaciones, que serán el germen de los cambios que se pondrán en marcha. El Pacto apuesta por avanzar en la separación de fuentes de financiación, de forma que las cotizaciones se centren cada vez más en pagar las pensiones de jubilación, invalidez y viudedad. El ministro Escrivá cifra estos gastos impropios en 23.000 millones. El Gobierno asumiría con impuestos 11.000 millones de esa factura este año. La hoja de ruta sitúa en 2023 el fin del proceso.

El Pacto coincide en que la edad de salida efectiva del mercado de trabajo debe aproximarse a la edad ordinaria. El titular de Seguridad Social lo hará desincentivando el retiro anticipado (en el entorno de los 64 años) y premiando la jubilación más allá de la edad legal. El Congreso ha encomendado a la Seguridad Social que analice la situación de los trabajadores con largas carreras de cotización que pierden su empleo y se ven obligados a jubilarse anticipadamente, con la minoración correspondiente de la pensión. Se abre la puerta a elegir los mejores años para el retiro para no castigar al colectivo.

Hay también acuerdo del Congreso en que las futuras subidas de pensiones se liguen a la evolución de los precios, aunque aún deben encontrarse los mecanismos que permitirán esta nueva indexación, que no gusta nada a las autoridades comunitarias.

Premiar el ahorro

Se recomienda igualmente estimular el ahorro privado para complementar la pensión pública. La Comisión defiende «los sistemas sustentados en el marco de la negociación colectiva, de empleo» y sobre los planes individuales reclaman más transparencia y aboga por regular «fórmulas más intensas de protección de los ahorros».

Y para los autónomos recomienda ir hacia una cotización por ingresos reales que, por petición del PP, se negociará en el diálogo social.